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Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requirió la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura.
En este contexto, el sector de las comunicaciones en España se ha revelado, una vez más, como el pilar fundamental e indispensable que ha permitido que cientos de miles de empresas y trabajadores autónomos, pudieran continuar con su actividad, que las personas, y especialmente las familias, mantuvieran la interconexión social ante el aislamiento, y que los medios de comunicación continuasen con sus tareas informativas y de programación.
Además, en estos momentos de aislamiento social, el sector en su conjunto ha contribuido a paliar los efectos de dicho aislamiento ampliando su oferta de entretenimiento y los paquetes de datos, e incluso algunas empresas del Sector los han ofrecido de forma gratuita a la ciudadanía durante la vigencia esta situación.
Las redes de telecomunicaciones, tanto fijas como móviles, están viviendo en los últimos días una explosión de tráfico como consecuencia de la expansión del COVID-19 y las medidas y recomendaciones derivadas de ella. Estas circunstancias que han generalizado el teletrabajo o la educación en línea, entre otros factores asociados al confinamiento, explican este crecimiento.
En términos generales, el tráfico a través de las redes IP ha experimentado en el inicio de esta situación incrementos cercanos al 40%, mientras que el uso del móvil ha aumentado alrededor de un 50% en la voz, y un 25% en los datos. Asimismo, el tráfico de las herramientas de mensajería instantánea como Whatsapp se ha multiplicado por 5 en los últimos días.
El mayor uso del teletrabajo también ha tenido su reflejo en la red, el tráfico de herramientas de trabajo en remoto como Skype y Webex se ha multiplicado por 4.
Las infraestructuras con las que se ha dotado este país, caracterizadas por su alta calidad, disponibilidad y escalabilidad, han sido desarrolladas, implantadas y mantenidas por una plantilla altamente cualificada y profesional, la cual ha estado preparada y a la altura para afrontar una situación sin precedentes y de grandes dificultades para todos.
España es el primer país europeo y el tercero del mundo en dotación de infraestructuras de fibra óptica y cuenta también con una de las mejores redes móviles de Europa. Es precisamente esa red, la que está permitiendo el funcionamiento óptimo de las comunicaciones digitales, haciendo así más llevadero el aislamiento en lo profesional y también en lo personal.
Esta realidad hace que el sector de las comunicaciones haya sido una vez más titular de servicios esenciales, tal y como se contempla en la ley 8/2011 de 28 de abril y se subraya en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, donde se declara el Estado de Alarma.
En España el sector de las comunicaciones cuenta con 56.000 personas trabajadoras, que han podido continuar con su actividad de forma segura gracias a los protocolos negociados por UGT en cada una de las empresas y que, de esta misma forma, volverán de forma paulatina a la actividad presencial tal y como se expondrá en los apartados posteriores.
En general, todos los grupos de empresas que componen el sector de las comunicaciones han respondido de forma adecuada ante nuestras demandas sobre la protección de las personas trabajadoras que desempeñan su labor en comunicaciones.
Las soluciones propuestas por nuestra organización, que desde el primer momento trabajó en la doble vertiente de la protección de la salud y de los derechos laborales, han ido variando según ha ido evolucionando la pandemia, por lo que los contactos y negociaciones con todos los grupos de empresas han sido intensos y constantes.
Todas las medidas planteadas por UGT han tenido en cuenta tanto la seguridad de las personas trabajadoras como la evitación de adopción por parte de las empresas de medidas destructivas del empleo, como son los ERES extintivos, o la adopción de medidas de suspensión de empleo o modificación de las condiciones laborales como son los ERTES; sin obviar la responsabilidad, que tienen las empresas del sector como operadores críticos esenciales, por los servicios que ofrecen de conectividad y que sirven para sustentar la actividad del tejido empresarial, así como también de la ciudadanía.
Igualmente, las negociaciones con las empresas han tenido también siempre en cuenta el momento en el que se pudiera retornar a la actividad normal, por lo que nuestras propuestas han girado sobre los ejes que se exponen a continuación.
En este apartado, más que en ningún otro, las medidas adoptadas han sido progresivas, que han ido evolucionado de forma acelerada, siempre a un ritmo superior y anticipándose, en algunos casos, a las medias adoptadas por el Gobierno.
De forma inmediata al inicio de la crisis desde UGT solicitamos a las empresas, pese a sus reticencias iniciales, la prohibición de realizar viajes de trabajo, fuera cual fuere el lugar de desplazamiento y el masivo acceso al teletrabajo por parte de las plantillas.
Meritorio el esfuerzo de alguna empresa del sector, al realizar simulacros de cómo se podría ser mantener la operatividad de una compañía con absolutamente todo el personal teletrabajando, forzando así el cierre de todas sus oficinas.
De forma paralela se pidió a todas las empresas la compra y aprovisionamiento de medios de protección individual y de profilaxis, tales como geles y desinfectantes y mamparas protectoras, estas últimas sobre todo para los puestos de atención al público.
También desde el primer momento se establecieron los canales tanto de información como de gestión de la actividad preventiva en cada una de las empresas, a través de los distintos órganos de prevención, constituyéndose mecanismos de coordinación Interempresas en caso de tratarse de un Grupo de Empresas, con el fin de centralizar, coordinar y reducir al máximo el tiempo de respuesta y acelerar la adopción de medidas ante la pandemia.
Por esta razón se ha podido realizar un riguroso seguimiento, en primer lugar, de las personas que habían viajado a países de alto riesgo o estado en contacto con personas con riesgo de ser contagiadas y, en segundo lugar, el seguimiento de las personas con algún síntoma o directamente positivas.
En esos casos, las medidas adoptadas suponían el confinamiento voluntario de dichas personas -antes de la declaración del Estado de Alarma-, la notificación de dicha situación al órgano de salud pública correspondiente, pasar a situación de teletrabajo, tanto para los afectados y afectadas como para las personas que trabajaban en puestos cercanos, así como la desinfección de los puestos físicos de trabajo y de las instalaciones colindantes y comunes.
Adicionalmente se recomendó y ofreció, a las personas de mayor riesgo de sufrir las peores consecuencias de un posible contagio, el teletrabajo o, en caso de que su puesto no fuera teletrabajable, un permiso retribuido.
Estas medidas tempranas, además de otras medidas como el teletrabajo masivo que se explicará en puntos posteriores, han contribuido de forma decisiva y contundente a la evitación de la propagación del COVID-19, logrando un bajo nivel de contagios entre las distintas plantillas de las empresas, precisamente en un sector de actividad que cuenta con grandes centros de trabajo que llegan a congregar hasta 8.000 personas en una misma ubicación, con numerosos desplazamientos y contacto con los clientes, tanto en los domicilios de los mismos o en las tiendas abierta al público.
A la par que se constituían los equipos de coordinación Interempresas, desde UGT se exigió un mayor esfuerzo en materia de Coordinación de Actividades Empresariales.
Esta presión tuvo como inmediata consecuencia la constitución de un comité con los proveedores de servicios.
En este sector es muy habitual que la plantilla, tanto propia como externa, desarrolle sus funciones en centros de trabajo ajenos. Por esa razón cobra una especial importancia la coordinación con dichas empresas para que, a su vez, adoptasen las debidas medidas de profilaxis y protección frente a la infección.
A través de los equipos Interempresas anteriormente citados se han realizado, guías, procedimientos y protocolos de actuación, elaborados con la información transmitida por las Autoridades Sanitarias, adaptándose en todo caso a la actividad concreta de cada unidad operativa en cada una de las empresas.
Dichas guías y procedimientos han sido difundidas a las distintas plantillas y publicadas en las diferentes intranets para que estén en todo momento actualizadas y disponibles para todas las personas trabajadoras.
Tras las medidas más urgentes, como son las relativas a la protección de la salud de las personas trabajadoras, se procedió a acordar con las distintas empresas las medidas de adaptación de la actividad, con el fin de lograr la mínima exposición de las personas al riesgo de contagio, a la vez que se aseguraba la continuidad de la actividad, logrando que estas siguieran funcionando y, de esta forma, evitar la adopción de medidas más severas que tuvieran una incidencia directa sobre el empleo.
En primer lugar, se identificaron las actividades claves para dar continuidad a los servicios esenciales para la comunidad. En este caso, empleando pasadas experiencias, se recurrió, una vez más, a los planes de contingencias que de forma periódica se revisan y actualizan, para dar continuidad a dichos servicios básicos.
En segundo lugar se identificaron, en aquellas empresas donde los puestos no eran principio puestos en teletrabajo, las posiciones susceptibles de conversión a esta modalidad. En otras empresas se hicieron las pruebas pertinentes en los accesos, para que las personas trabajadoras accedieran a las aplicaciones, herramientas y funcionalidades con las que desempeñan su trabajo, de forma masiva desde sus domicilios.
Los equipos de seguridad y accesos tuvieron que redoblar sus esfuerzos en las empresas donde la actividad presencial debía ser reconvertida de forma que esta, se pudiera realizar en teletrabajo, dando de alta cientos accesos seguros a las aplicaciones.
Por último, se identificaron los puestos que, en principio, debían hacerse de forma presencial, ya fuera por exigencia legal o bien por la imposibilidad de acometerse en remoto.
Realizados los pasos previos, en las empresas que por sus características disponían en principio de menos posiciones para ser desempeñas en teletrabajo, se negociaron los planes más ambiciosos y masivos de teletrabajo llevados a cabo hasta la fecha en nuestro país. Tanto es así que en estas, se ha llegado a un porcentaje del 95% de personas en teletrabajo.
Un importante porcentaje de la formación que se imparte en el sector se hace bajo la modalidad de e-learning, es decir, se hace de manera remota en base a contenidos previamente preparados y con la participación de profesores conectados por chat y videoconferencia.
La formación restante ha de realizarse de forma presencial por las características de los cursos impartidos. Este tipo de formación quedó suspendida de formar inmediata, ya que muchos de estos cursos obligaban a desplazamientos de las personas trabajadoras entre las distintas Comunidades Autónomas.
Aunque el éxito de los planes masivos de teletrabajo es un hecho indiscutible para este sector, hay actividades que, bien por exigencia legal o bien por atención de tareas urgentes como escalamiento y desdoblamiento de redes, aseguramiento de servicios esenciales o provisión de dispositivos y tarjetas SIM a usuarios, tal y como se estableció en la declaración del Estado de Alerta, debían realizarse de forma presencial.
En este sentido, desde UGT exigimos que sólo el personal mínimo e indispensable, realizase sus funciones de forma presencial y, en cualquier caso, se le dotara de las medidas de protección y profilaxis necesarias para el desempeño de su trabajo de forma segura.
Así, todas las empresas han ido acometiendo cierres paulatinos de tiendas e implantando reducción de horarios, colocación de pantallas protectoras, marcar distancias de seguridad, limitar el aforo en las tiendas, despachar solo actuaciones de conectividad como las tarjetas SIM… dando el servicio mínimo y esencial que entendíamos era lo que nos marcaba el Gobierno.
Así mismo, para el resto de las personas trabajadoras que desempeñan su trabajo en lo puntos de venta, que evidentemente sólo podían desarrollar sus funciones de manera presencial, se habilitaron los canales y conectividad necesaria para, por un lado, realizar intensos planes de formación y por otro, hacer tareas BackOffice y atención telefónica a usuarios para otras empresas del mismo Grupo de Empresas.
En todos los casos, se exigió y así se cumplió por parte de las empresas que cualquiera de las personas trabajadoras que estuviera desarrollando sus funciones en los puntos de venta, debía contar con las debidas medidas de protección y profilaxis necesarias en cada una de las ubicaciones presenciales.
En caso de carecer de alguna de estas medidas, no se procedería a la apertura de la tienda.
También se acordó que, en caso de que alguna de las personas trabajadoras destinadas a una de estas ubicaciones mostrara algún síntoma, se cerraría dicha ubicación pasando sus compañeros a situación de cuarentena notificándolo a las autoridades sanitarias.
El artículo 20 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, impuso la suspensión del derecho de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones a obtener la portabilidad de su número telefónico.
Además, se ordenó a los proveedores de servicios de telecomunicaciones que suspendieran todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil que no estuvieran ya en curso, excepto en casos excepcionales de fuerza mayor.
En consecuencia, el día 17 de marzo de 2020 se suspendieron por los operadores todas las operaciones de portabilidad que no estaban en curso.
Posteriormente, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo volvió a modificar la portabilidad. Dicho cambio supuso que, a partir del 2 de abril –fecha en que entró en vigor–, se reabriera la portabilidad (en la medida en la que en las operaciones necesarias para su provisión no sea necesaria la presencia, ya sea de los operadores involucrados o sus agentes, ya sea del usuario).
Así pues, con el mismo propósito con el que negociamos los planes masivos de teletrabajo, desde UGT, se impulsó la interrupción momentánea de las portabilidades, por entender que era el momento de asegurar los servicios y básicos de comunicaciones y relegar las actividades comerciales a un segundo plano, con el fin de promover que todas las personas trabajadoras que se dedican a esa actividad pudieran permanecer en sus domicilios.
Entre otras cosas, con esta medida se pretendía acabar con el hacinamiento en call center de las personas que llevan a cabo las tareas de captación, fidelización y contratación, entre otras tareas necesarias para realizar la portabilidad, con el más que evidente riesgo de contagio, situaciones que, desde UGT, hemos venido denunciando en cada una de las ocasiones en las que hemos tenido conocimiento.
En este sentido, y tal como ya hemos manifestado a través de una carta dirigida a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, no compartimos la decisión tomada por el Gobierno mediante la aprobación del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, en cual se habilitan de forma parcial las portabilidades, en concreto para las líneas móviles, con el propósito, según expresa el Real Decreto Ley, de reforzar “la protección del consumidor en relación con las comunicaciones electrónicas”.
Nuestra oposición a esta medida es patente por tres razones principales. En primer lugar, porque el retorno a una dinámica competitiva entre las empresas del sector priorizando esta sobre la seguridad y salud de las personas trabajadoras, llevará aparejada un incremento de personas que deban realizar desplazamientos fuera de su domicilio, en oposición a las medidas establecidas también por el Gobierno sobre la restricción de movilidad de las personas. Además, puede llevar a la reapertura de los centros de llamadas, con el más que evidente riesgo de contagio que hemos venido denunciando desde los inicios de esta situación de pandemia.
En segundo lugar, la apertura de las portabilidades móviles lleva consigo el inherente traslado de la tarjeta SIM al domicilio de la persona que ha contratado el servicio con otra compañía, lo que vuelve otra vez a entrar en oposición con los criterios de restricción de la movilidad de las personas a lo mínimo imprescindible, e incrementado los riesgos de contagio.
Y, por último, no podemos ignorar los precedentes registrados en torno de la posición competitiva de las empresas y las disputas sobre la gestión de las portabilidades de las que ha dado buena cuenta la CNMC.
En este sentido, traer a colación la Resolución de medidas provisionales en relación con el régimen de portabilidad de la numeración durante el periodo de estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de fecha 5 de abril de 2020, que en síntesis da a entender que los argumentos esgrimidos por UGT Comunicaciones en este asunto eran plenamente acertados y coherentes.
En muchos casos las disputas de las operadoras, errores en los sistemas de tramitación de las contrataciones por falta de datos, revocaciones y todo tipo de incidencias que pueden ocurrir en este tipo de procedimientos, que se encuentran sujetos a infinidad de presiones comerciales y de toda índole, han llegado a dejar durante algún tiempo sin servicio al usuario. Desde UGT entendemos que asumir ese riesgo en estos momentos de crisis sanitaria también está fuera de toda lógica y, lo que es peor, evidencia un profundo desconocimiento del legislador del funcionamiento del sector de las comunicaciones.
Estas son las principales razones por las que en el Sector de las Comunicaciones de UGT somos tan críticos con la reanudación, aunque sea parcial, de las portabilidades que, a nuestro juicio, puede dejar sin efecto muchas de las medidas que con tanto esfuerzo hemos logrado implantar en las empresas del sector y que han demostrado ser las más idóneas, dado el escaso número de personas afectadas por el COVID-19 entre nuestras plantillas.
Por tanto, UGT Comunicaciones seguirá defendiendo los intereses de las personas trabajadoras del sector con independencia y rigor, al objeto de poner siempre por delante su integridad física, su empleo y sus derechos sociolaborales.
Como principios generales, ante la hipótesis de una vuelta escalonada a la actividad, UGT planteará en primer lugar, en todos los foros de decisión en los que esté presente, que ha de primar la seguridad y salud de las personas trabajadoras, como ya viene haciendo desde el inicio de la pandemia.
En segundo lugar, las empresas del Sector deberán llevar a cabo las actuaciones necesarias en los centros de trabajo para una correcta protección de personal, como desinfección, dotación de EPIs, determinación de un número máximo de personas trabajadoras en los centros de trabajo y resto de medidas que posteriormente se detallarán.
En tercer lugar, UGT exigirá la realización de las pruebas de control de salud a aquellas personas trabajadoras que vayan a retornar a su actividad presencial, con carácter previo a su reincorporación, y que les sean proporcionadas los medios de protección y profilaxis necesarios para el desempeño de su actividad fuera de sus hogares.
En cuarto lugar, hay que mantener las medidas de control y sanitarias que han estado vigentes durante los diferentes periodos en que hemos estado en situación de alarma, hasta el momento en el que se produzca la normalización, siguiendo los criterios y normas que determinen las autoridades sanitarias.
En quinto lugar, el retorno a la actividad laboral se ha de producir de manera paulatina, acompasada a la desaparición de esta crisis sanitaria. De lo contrario, se incurriría en un craso error, al posibilitar un repunte de la enfermedad.
En sexto lugar, y como complemento al principio general precedente, el teletrabajo no ha de desaparecer de manera abrupta e inmediata, sino que el porcentaje de conversión al trabajo presencial ha de ponderarse en función únicamente de criterios médicos y sanitarios.
En séptimo lugar, los Servicios de Prevención son el garante de que el personal de riesgo sea el último en su incorporación al centro de trabajo, de conformidad a las directrices que emanen de las autoridades sanitarias, manteniéndose el teletrabajo para este personal especialmente sensible.
La generación de las estructuras que se han constituido desde el inicio de la pandemia o que pudiera constituirse, en conjunción con las actuaciones reseñadas con anterioridad, permitiría asumir el control de la vuelta progresiva a la actividad normal cuando la situación pandémica lo permita.
De esta manera, a través de los grupos de coordinación de PRL Interempresas creados en las etapas iniciales de la pandemia, se tendrá conocimiento de las personas trabajadoras que, por sus condiciones sanitarias, pueden ir retornando a cada una de las ubicaciones físicas donde puedan desempeñar su puesto de trabajo, determinándose un protocolo de actuación dinámico y adaptable a las circunstancias que se fueran generando, en el que prevalezca la salvaguarda de la seguridad y salud de las personas trabajadoras, con especial atención y seguimiento a las personas de riesgo.
Nuestro sector se diferencia de otras actividades en que, un alto porcentaje de las personas trabajadoras vienen desempeñando su actividad en movilidad, lo que debería de ayudar a la adaptabilidad a la actual situación y permitiría una adecuada compatibilidad entre el mantenimiento de la actividad laboral y la protección de la salud del conjunto de las diferentes plantillas.
Esto significa que las personas trabajadoras no tienen por qué estar un mismo puesto físico en una determinada mesa o determinado edificio. Así, tanto las herramientas de comunicaciones que permiten desempeñar el trabajo en cualquier ubicación como la información documental que se encuentra en repositorios Cloud -almacenamiento en la nube- a la que se puede acceder en cualquier momento y en cualquier lugar, permitirán, cuando llegue el momento, volver a la actividad normal en oficinas, sin mayores problemas.
Esta ventaja permite el retorno de la actividad en oficinas de forma escalonada, pudiendo disgregar, en un primer momento, o concentrar a las personas trabajadoras en un momento posterior, regresando a la configuración original de los puestos de trabajo, según se vayan produciendo los acontecimientos relativos al retroceso del COVID-19 y a las directrices y recomendaciones emanadas de las autoridades sanitarias.
A través del comité con los proveedores citado en el apartado de Coordinación de Actividades Empresariales y que exigimos desde UGT, se dará acomodo a las personas trabajadoras tanto de plantilla propia como de los proveedores de servicios en cada una de las ubicaciones que sean necesarias, tanto en edificios propios como ajenos, con las ventajas ya explicadas que proporciona el trabajo en movilidad y el Cloud, según la información proporcionada por los equipos de coordinación Interempresas de PRL.
Desde UGT, como venimos haciendo desde el inicio de esta situación de pandemia, seguiremos exigiendo que se dote de las medidas de protección y profilaxis necesaria para que garantizar la seguridad, como condición previa al retorno de su actividad, tanto a las personas trabajadoras de oficinas que vayan retornado a sus ubicaciones como a las que desempeñen sus funciones en puntos de venta y resto de personas trabajadoras que desempeñan su trabajo en la calle u otras ubicaciones.
En relación con la vuelta a la actividad presencial de las personas trabajadoras que estén incluidas en el colectivo de riesgo o pueden estar expuestas a sufrir agravamiento de los síntomas y, en consecuencia, puedan padecer las peores complicaciones en caso de infección, UGT exigirá que se les amplíe la situación de teletrabajo hasta que su retorno a su puesto habitual este avalado por criterios médicos.
En cuanto a la posible consecuencia de que las empresas de nuestro sector se precipiten a una desmedida competencia comercial en el momento en el que el Gobierno decida la vuelta a la normalidad de los mercados, UGT vigilará e instará la adopción de las medidas oportunas y necesarias para que sigan primando los principios de seguridad y salud de las personas trabajadoras.
Para concluir, respecto a los protocolos negociados en el seno de los órganos de prevención Interempresas que se han publicado y difundido en cada una de estas, seguirán siendo actualizados con la información que llegue de las autoridades sanitarias en materia de seguridad, salud e higiene.
En todos los casos, la vuelta a la actividad normal ha de contemplar todos los posibles escenarios en materia sanitaria que puedan producirse durante la deshibernación de las actividades productivas, incluyendo el hipotético y no deseado rebrote de la pandemia que nos obligaría a continuar con el escenario inicial, manteniendo las estructuras ya creadas a lo largo de esta situación, o por el contrario, que durante este tiempo se encuentre vacuna o tratamiento que permita la relajación de algunas medidas.
De cualquier manera, en UGT estaremos preparados y atentos a los cambios que se produzcan durante esta emergencia sanitaria, priorizando, insistimos, en la seguridad y salud laboral del conjunto de las personas trabajadoras.
El presente plan contempla una serie de medidas acumulativas a adoptar en los diferentes escenarios que tendremos hasta recobrar la total normalidad en la vida personal y laboral, una vez eliminada la pandemia en nuestro país.
En cualquier caso, dichas medidas podrían variar en función de la evolución de la pandemia, así como por las instrucciones dadas por las autoridades sanitarias y el Gobierno en cada momento. Además, se debe tener presente que, en función de la evolución de la pandemia y un hipotético rebrote, se pueda retornar a cualquiera de los escenarios aquí descritos.
Las distintas actuaciones deben adaptarse a los parámetros que vayan marcando las autoridades sanitarias y gubernamentales respecto a la incorporación del personal a su puesto de trabajo y a la movilidad de la ciudadanía, diferenciando cada posible situación durante la normalización de la actividad, no obstante, debemos estar preparados para volver a cualquier escenario previo en función de la evolución de la pandemia.
Es una de las medidas preventivas más importantes, por esa razón es necesario que, durante el retorno a la actividad normal se contemplen con mayor énfasis.
Es necesario proteger a quien más riesgo tiene de sufrir las peores consecuencias en caso de un contagio. Por esa razón, ante la vuelta escalada a una actividad normal, el colectivo declarado de alto riesgo debe ser el último en incorporarse a sus centros de trabajo. En estos casos se debe priorizar el mantenimiento del teletrabajo o, si esto no fuera posible, la adaptación de su actividad laboral con el fin de que posibilitar que dicho colectivo pueda trabajar desde su domicilio.
Estas medidas deben conducir a la evitación del riesgo de contagio entre plantillas de distintas empresas que concurren en un mismo edificio. Se hace esencial el mantenimiento de las estructuras creadas a tal efecto en los inicios de la pandemia. Se han de conocer las condiciones que se hayan establecido en los centros de trabajo ajenos a la empresa y, así mismo, se ha de informar y hacer cumplir al personal ajeno, las medidas y limitaciones establecidas en los centros de trabajo propios.
Los avances científicos que se están produciendo en distintos países del mundo, en los que se está investigando para la creación de una vacuna específica para inmunizar a la población de los efectos del COVID-19, se deben reflejar en las políticas preventivas y en su respectiva planificación de actividades preventivas de carácter anual.
Por esa razón, entendemos en UGT que las empresas se deben aprovisionar de dichas vacunas cuando estas estén disponibles, y realizar campañas anuales de vacunación voluntaria entre sus plantillas como una medida más incluida en su planificación de actividades preventivas.
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