Europa afirma que en muy breve espacio de tiempo el 90 % de los puestos de trabajo exigirán competencias digitales, pero en España el 32% de nuestros trabajadores o no poseen habilidades tecnológicas o son muy bajas, porcentaje que aumenta dramáticamente hasta el 47% de nuestros jóvenes.
En esta misma línea, la OCDE estima que 25,5% de los actuales empleos experimentarán a medio plazo cambios significativos en sus contenidos actuales, mientras que la consultora como McKinsey vaticina que la mitad de las tareas laborales de la mitad de los trabajos actuales pueden ser automatizadas con la tecnología disponible hoy mismo. Ante este tsunami laboral, consecuencia de la inevitable transformación digital de las economías mundial, los trabajadores españoles presentan unos datos preocupantes: un 33% considera insuficientes sus competencias digitales para cambiar de empleo y un 47% considera que sus actuales tareas serán superfluas en un periodo de cinco años.
En un contexto en donde la transformación digital cambiará de forma tan profunda y duradera el modo de trabajar, y en donde el diferencial entre oferta y demanda es tan distante[1], se hace imprescindible una reordenación del tiempo de trabajo para dedicarlo a la mejora de la formación profesional, al reciclaje competencial y a ganar nuevas competencias de mayor valor añadido. Lo que muchos analistas han bautizado como el “aprendizaje a lo largo de toda la vida (Lifelong learning)”, sin lugar a dudas, se ha convertido en un imperativo económico y laboral[2].
UGT considera que ha llegado la hora de confirmar esta formación profesional continua como un auténtico derecho de los trabajadores y un deber para las empresas, incorporándola a los convenios colectivos sectoriales, territoriales o de empresa, así como a los ANC, como una forma de ganar competitividad para las empresas y como un método para dotar de empleabilidad a nuestra fuerza laboral. Debemos desarrollar aquello que nuestra Constitución en su artículo 40.2[3] (“los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales”) y en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores[4] consagran como derechos laborales básicos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Debemos poner en práctica no solo la legislación actual, sino, además y yendo más allá, conformar un sistema de formación continua basado en la acreditación y certificación de las cualificaciones profesionales de cada trabajador, en la búsqueda de la igualdad, la equidad y la promoción profesional.
Una formación continua profesional sistémica, pautada y obligatoria, con reserva específica de un número de horas semanales, mensuales o diarias para tal fin, mejorará la productividad de nuestras empresas, aumentará la innovación y conformará plantillas de trabajadores altamente especializados. Una fórmula perfecta para cambiar nuestro modelo productivo desde sectores de bajo valor a una economía moderna, competitiva, sostenible, de progreso, anticíclica y resistente antes las futuras crisis económicas.
Este nuevo y ampliado derecho deberá contar con la imprescindible participación del Gobierno y las CCAA, que tendrán que financiar, parcialmente o totalmente, quizás aplicando fórmulas de permisos retribuidos con cargo a prepuestos públicos.
Además, a la hora de tener en cuenta esta financiación, habrá que tener en cuenta el tamaño de la empresa empleadora, puesto que no es lo mismo una PYME que una gran empresa, que cuentan tanto con medios como con facilidades y objetivos diferentes.
Otra de las claves para que este derecho sea un éxito plausible serán el papel que los centros académicos –universidades y centros de formación profesional-. Es imprescindible acercar el mundo académico al laboral para que la transferencia de conocimiento entre ambas se mantenga viva a lo largo de toda la vida laboral del trabajador, creando una circularidad entre docencia teórica y experiencia laboral que mejore tanto la empleabilidad de los estudiantes como de los ya ocupados. Los centros docentes tendrían que adoptar planes específicos de estudios, generalistas o especializados, con contenidos adecuados a los requerimientos sociales y laborales, que sirvan a los trabajadores ocupados para actualizar su currículo y su capacitación.
Para finalizar, este derecho debería tener una vertiente dentro de las políticas activas de empleo para desempleados, que deberán poder acceder a formación específica para dotarse de conocimientos tecnológicos, que como hemos dicho, serán imprescindibles para encontrar un empleo.
UGT considera que la transformación digital reclama trabajadores altamente formados, y para conseguir esta preparación hay que dedicar una parte de la jornada laboral al trabajo, y otra, a la formación. Debemos avanzar hacia un proceso de reducción de jornada que se complemente con una formación continua para la empleabilidad y para la mejora de la productividad y la competitividad.
UGT reclamará que este derecho legal a la educación y a la formación profesional continua comience a discutirse tripartitamente, con empresarios y patronales en las negociaciones del ANC, y con el Gobierno y las CCAA, para que la apoyen financieramente vía presupuestos.
UGT Comunicaciones
[1] http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=3292
[2] https://www.economist.com/news/special-report/21714169-technological-change-demands-stronger-and-more-continuous-connections-between-education
[3] https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
[4] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
