Para UGT la defensa de nuestras condiciones de trabajo no solo pasa por los convenios y la negociación colectiva. No podemos obviar lo que ocurre a nuestro alrededor: determinadas decisiones regulatorias, políticas o empresariales pueden tener un impacto directo sobre nuestro empleo, nuestras condiciones laborales y el futuro de nuestra compañía.
Dentro de los habituales vaivenes regulatorios, existe una cuestión sobre la que desde UGT venimos realizando un especial seguimiento: la finalización del escudo antiopas este 2026 y las consecuencias que ello podría tener para Telefónica.
Este mecanismo, creado en 2020 en plena pandemia, buscaba reforzar la protección de compañías estratégicas, como la nuestra, ante las posibles compras por inversores extranjeros. En aquel contexto, la vulnerabilidad bursátil de muchas empresas de nuestro país era muy elevada, por lo que era necesario articular medidas de protección extraordinarias[1].
Su aprobación y sucesivas prórrogas[2] han permitido mantener ese nivel de protección. Sin embargo, el debate sobre su continuidad vuelve a estar sobre la mesa y comienza a generar una lógica preocupación ante la amenaza que suponen inversiones no deseadas.
Los números invitan a seguir atentos: el valor de bursátil Telefónica ronda los 21.000 millones de euros. Una valoración que, a juicio de UGT, no refleja la dimensión estratégica, tecnológica e industrial de una compañía que constituye una infraestructura esencial para la economía, la defensa y las comunicaciones de España.
Asimismo, existen actores internacionales con una capacidad financiera muy superior a dicha valoración. Grandes compañías tecnológicas -alguna presume de tener casi 100.000 millones de euros en caja-, empresas de comunicaciones, grupos inversores globales y fondos soberanos cuentan con recursos suficientes para adquirir posiciones significativas en nuestra compañía. Esta realidad obliga a mantener mecanismos que garanticen una adecuada supervisión de este tipo de operaciones.
La experiencia demuestra que determinados procesos de adquisición suelen venir acompañados de reorganizaciones, procesos de integración, eliminación de duplicidades o planes de eficiencia que pueden afectar al empleo, a las condiciones laborales y a la capacidad de decisión estratégica de las compañías. Precisamente por ello, este debate resulta de especial interés para nosotros.
Si bien la UE parece haber interiorizado este riesgo – el reglamento de inversiones extranjeras marca una línea más proteccionista- y señala a los “sectores estratégicos” y a las “infraestructuras sensibles” como bienes a proteger[3], la provisionalidad del citado reglamento y los cambios en las prioridades políticas nos obligan a estar muy pendientes de esta cuestión.
Por todo ello, desde UGT seguimos trabajando para anticiparnos a los posibles escenarios, trasladar propuestas a las administraciones e instituciones competentes y defender siempre los intereses de la plantilla.
Del mismo modo, seguiremos apostando por los instrumentos que aportan estabilidad y seguridad a la plantilla, entre ellos el actual III CEV vigente hasta el 31 de diciembre de 2030, una apuesta estratégica de UGT para blindar derechos y ofrecer certidumbre en un entorno cada vez más cambiante.
Os mantendremos informados de cualquier novedad sobre esta materia.
