La futura Ley de Redes Digitales (DNA, por sus siglas en inglés) está generando muchísimas reacciones, tanto en un sentido como en otro, en el sector. Recordemos que esta nueva norma pretende actualizar el actual Código de las Comunicaciones Electrónicas de la UE, que data de 2018, con el objetivo de “impulsar la innovación y la inversión en una infraestructura digital avanzada y resiliente en la Unión Europea[1]”.
Ante un evento de esta importancia, los interlocutores sociales europeos, liderados por UNI Europe[2] y la patronal Connect Europe, se ha posicionado para exigir a Bruselas una regulación que priorice la inversión de calidad, la innovación y la competitividad.
El empleo y las personas trabajadoras forman una parte esencial de este posicionamiento. En primer lugar, se exige que se reconozca a los europeos no solo como consumidores, sino también como trabajadores y ciudadanos que dependen de redes de alta calidad. Las telecos constituyen la columna vertebral de la industria europea, permitiendo la creación de millones de puestos de trabajo. En segundo lugar, se reclama que este marco sea más ambicioso, especialmente en la protección del empleo de calidad. Algo que el actual marco regulador no hace, puesto que en 2024 el empleo directo en el sector cayó un 4,1%. Esto conlleva una evidente pérdida de conocimiento (know-how). La intensa competencia dentro de un mercado europeo fragmentado, junto con la baja rentabilidad de las inversiones, están empujando a esta drástica reducción de empleo, además de riesgos de externalización, con el consiguiente amenaza de perder conocimiento técnico interno, en lugar de ofrecer oportunidades de empleo directo y estable.
Para alcanzar la deseada Soberanía Tecnológica, se hace imprescindible articular empleo de calidad, desde el desarrollo de competencias (skills) y el diálogo social en todo el sector telco.
Además, este posicionamiento reitera la necesidad de equilibrar las condiciones entre las operadoras de telecomunicaciones y las grandes plataformas tecnológicas (Big Tech), reconociendo así a la conectividad como un pilar fundamental de la soberanía tecnológica europea. Sólo así conseguiremos conformar un ecosistema digital más justo, donde las empresas y las personas trabajadoras que despliegan las redes digitales sean adecuadamente remuneradas.
